4. Los objetos o documentos que hayan sido enviados en cumplimiento de una comisión rogatoria serán devueltos lo antes posible, a menos que la Parte requerida renuncie a ellos.

La ausencia de un tratado de extradición entre España y otros países puede llevar a complicaciones significativas cuando surgen casos de delitos transnacionales. La persecución de fugitivos o la solicitud de retorno de individuos para enfrentar cargos penales se torna un proceso complejo y muchas veces inconcluso.

En algunas ocasiones en esta etapa los reclamados consienten en su extradición y se agiliza su entrega.

Ello salvo que el tratado vigente con el Estado en el que se encuentre la persona investigada pueda solicitar directamente la extradición al Tribunal o juez que conoce de la causa.

La Parte requerida podrá denegar la extradición cuando, conforme a sus propias leyes, corresponda a sus Tribunales conocer del delito por el cual aquella haya sido solicitada.

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Esta circunstancia provoca que existan ciertas zonas en el mundo consideradas refugios para aquellos que buscan eludir la justicia española.

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Por lo que se continúa con esta etapa hasta que la resolución de CONDEDIDO o NEGADO se encuentre firme. Si la resolución es positiva se continúa con el procedimiento de extradición, en caso contrario, se concluye el mismo y se deja en libertad al reclamado.

En lo no dispuesto en el presente Tratado se aplicarán las leyes internas de las respectivas Partes en cuanto regulen el procedimiento de extradición.

1. El individuo entregado en virtud de extradición no será procesado, have a peek here juzgado o detenido para la ejecución de una pena por un hecho anterior y diferente al que hubiese motivado la extradición, salvo en los casos siguientes:

Si la persona es extraditada, será entregada a las autoridades del país solicitante para que enfrente el proceso penal o cumpla la condena por la que fue requerida.

La inexistencia de acuerdos de extradición tiene repercusiones directas en el funcionamiento de la justicia en España. Estos efectos van desde limitaciones en el alcance de las investigaciones criminales hasta posibles entorpecimientos en la aplicación de la ley.

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